Felipe Navío
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE)
Después de la tormenta mediática reflexión
Durante este verano hemos leído numerosas noticias en relación con incidentes acaecidos en vuelos con origen o destino en un aeropuerto español. Cuando en los medios de comunicación hay una presencia reiterada de noticias en relación con la seguridad del transporte aéreo durante un corto periodo de tiempo, es inevitable que se traslade a la opinión pública una sensación de desconfianza en este modo de transporte.
Incluso en el caso de que las informaciones se refieran al comportamiento de unos profesionales en concreto o de una empresa en particular, o sobre la actuación (o no actuación) de las autoridades responsables de vigilar el adecuado cumplimiento de las normas exigibles, es todo el sistema de transporte aéreo el que se cuestiona, pues la garantía de que es seguro viajar en avión necesita necesariamente del concurso de todos los eslabones que conforman la cadena de valor: profesionales de las compañías aéreas, los procedimientos, recursos y sistemas organizativos de estas empresas, los proveedores de servicios de control aéreo y aeroportuario y finalmente los profesionales y responsables de los organismos cuya misión es establecer la normativa y los estándares que deben de cumplirse y supervisar adecuadamente su cumplimiento efectivo.
Es decir, la garantía de que se está operando de una forma segura nunca la podrá dar de forma aislada un profesional, una empresa o incluso la administración, siendo necesario el correcto cumplimiento de todos y cada uno de los actores de sus obligaciones y responsabilidades, cada uno en la parte que les corresponde, para asegurar que se minimizan los riesgos inherentes a esta actividad de forma adecuada.
En Europa, la responsabilidad de regular y supervisar las actividades en relación con la seguridad aérea es compartida. Por un lado la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania), es la encargada de establecer las normas que deben garantizar la seguridad en el transporte aéreo y asegurar que estas normas son cumplidas de forma uniforme en toda la Unión Europea (UE). En esta agencia europea trabajan numerosos profesionales españoles, cuya valía profesional y dedicación es reconocida por el resto de sus compañeros de los demás países de la UE que prestan sus servicios en EASA. Todas las normas y reglamentos de obligado cumplimiento son, por tanto, comunes para todos los europeos y tienen vigencia desde el mismo momento en que son publicados de acuerdo con los procedimientos de normativa europea o en la página web de EASA.
La actividad de supervisión y control de las compañías y profesionales de nuestro país es una tarea encomendada a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), con sede en Madrid, que dispone de una plantilla de más de 300 profesionales, de gran valía profesional reconocida, dedicados a asegurar que las compañías registradas en España cumplen adecuadamente las normas establecidas por EASA. Para ello deben necesariamente utilizar la normativa común y los criterios de interpretación establecidos por EASA. La actividad de la agencia española es monitorizada regularmente por funcionarios europeos para asegurar que se están aplicando correctamente las mencionadas normas comunes.
Hasta hace prácticamente una década la mayor parte del tráfico aéreo con origen o destino a nuestro país era realizado por compañías españolas. Actualmente solo un tercio de esta actividad es realizado por empresas de nuestro país, y por tanto, supervisado de una manera directa por la agencia española.
Esta situación ha sido la consecuencia de la desregulación del espacio aéreo europeo, que permite a cualquier empresa europea establecerse u operar desde cualquier país de la UE, y esta causando la progresiva sustitución de aerolíneas españolas por empresas de otros países (Alemania, Irlanda, Inglaterra, etc.) cuya capacidad de penetración en el mercado está demostrando ser superior a la de las compañías que tradicionalmente realizaban estas rutas.
Este proceso liberalizador ha popularizado los viajes en avión y ha permitido el acceso a este modo de transporte a amplias capas de nuestra sociedad. No obstante, también ha tenido efectos negativos.
En los últimos años hemos asistido a la realización de fuertes ajustes organizativos en las compañías aéreas españolas para adaptarse a este nuevo entorno empresarial, lo que ha conllevado una escalada de la conflictividad laboral en dichas empresas. También ha causado la desaparición de las que no han sido capaces de aguantar este empuje. Y de seguir esta tendencia, en pocos años la participación de las empresas nacionales en esta actividad sobre nuestro territorio será inferior al 20 por ciento.
Los factores que han contribuido a este cambio de modelo son diversos y a menudo han sido objeto de debate: distinta base de costes que ha permitido ofrecer precios mas competitivos, modelos más ágiles de gestión, utilización más racional del recursos y tecnologías . o desde otro punto de vista: competencia desleal debido a la precarización de la mano de obra empleada, mercados alterados artificialmente debido a subvenciones concedidas con una visión solo a corto plazo, inexistencia de una política rigurosa de defensa y promoción de la industria del transporte aéreo en un Estado con competencias dispersas y descoordinadas.
Entrar en profundidad en cada uno de estos aspectos sería el objeto de más de un artículo, y lo que nos interesa en este momento es el análisis de si esta nueva situación del mercado está teniendo consecuencias sobre la seguridad del usuario del sistema de transporte aéreo.
En una gran medida, los profesionales que trabajan en estas nuevas empresas extranjeras que lideran en la actualidad las estadísticas de pasajeros transportados en nuestro país son los mismos que antes trabajaban para las empresas nacionales desaparecidas o que han realizado recortes en su plantilla. Por lo que estamos realmente asistiendo a una sustitución del empresario de esta actividad, más que a una invasión de profesionales de otros países en sustitución de nuestros nacionales. Aunque también es bien cierto que en los dos últimos años, la emigración de trabajadores especializados del sector de la aviación comercial ha aumentado significativamente, con el fin de poder seguir obteniendo salarios que no ofrecen en España las nuevas empresas.
Sin ninguna duda, este cambio de modelo empresarial está teniendo como primera consecuencia una devaluación significativa de las condiciones laborales de los profesionales que han decidido seguir viviendo en nuestro país. Se entiende por ello la resistencia que las distintas organizaciones sindicales que agrupan a los mencionados trabajadores a este cambio de modelo de mercado. En ocasiones, también las propias empresas españolas perjudicadas por el avance de esta nueva competencia se han sumado a las acusaciones de competencia ilegítima mencionadas.
A estas denuncias, que podrían considerarse como interesadas, por parte de las empresas y trabajadores perjudicados, se unen las denuncias realizadas por pasajeros de estas aerolíneas que consideran que no se están respetando sus derechos como pasajero, o que no se les trata adecuadamente como cliente.
Creemos muy necesario distinguir entonces de forma clara los tres ámbitos en los que se cuestiona la actividad de estas nuevas empresas: (a) en el ámbito laboral, (b) en relación con la seguridad aérea, y (c) en relación con el trato que dan a sus clientes y si respetan sus derechos como consumidores.
Y como corresponde a un país organizado, son nuestras autoridades las que, en primera instancia, y los tribunales, finalmente, los que deben establecer si efectivamente se están cometiendo las irregularidades y abusos mencionados y poner en marcha las actuaciones y evitar su repetición.
Creemos pues fundamental en la crítica que se haga a estas empresas distinguir cuál es el ámbito que se cuestiona, para poder analizar de una forma rigurosa si dicha crítica es razonable y si están funcionando los recursos que deben impedir las supuestas irregularidades que se denuncian.
Lo que desde luego no ayuda a la solución de este problema es una campaña de prensa o informaciones en los medios de comunicación que mezclen unos temas con otros, convirtiendo interesadamente temas de trato al cliente o aspectos de la relación empresario-trabajador como si fueran cuestiones que inevitablemente ponen en riesgo la vida de los pasajeros.
De acuerdo con el sistema europeo de vigilancia de la seguridad aérea, son las autoridades del Estado donde esta registrada la compañía aérea y matriculados sus aviones el responsable de garantizar el correcto funcionamiento de dicha empresa y el adecuado estado de funcionamiento (lo que se conoce como aeronavegabilidad) de las aeronaves. Este control del país de origen es complementado con la realización de inspecciones a pie de pista (las conocidas como SAFA) antes de que un avión emprenda un nuevo vuelo, por inspectores del lugar de operación, que en el caso de que durante estas inspecciones in-situ encontrasen irregularidades, deben comunicar al país de origen para que actúe en consecuencia.
Se da, por tanto, la paradoja de que las autoridades españolas no son competentes para auditar y en su caso sancionar a las compañías que realizan la mayor parte del tráfico aéreo de nuestro país. Por esta razón hace bien nuestra ministra de Fomento en plantear un cambio de protocolo en la UE que mejore la capacidad de supervisar las actividades de vuelo que se hacen en nuestro país, independientemente de la nacionalidad de la compañía operadora.
Es evidente que un mercado único con empresas que operan indistintamente en distintos países de la UE, donde abundan las uniones empresariales de aerolíneas de distintos países, y teniendo en cuenta el especial dinamismo de la aviación comercial, no puede estar supervisado siguiendo criterios de dividir la responsabilidad en función de donde se matricule el avión.
Por eso nos parece más que necesario que, al igual que se esta haciendo en otros sectores de la actividad económica, se supere el actual escenario de agencias nacionales de supervisión con una mayor capacidad de control por las razones citadas.
Mientras tanto, todo lo que se haga para mejorar la coordinación de las agencias nacionales y aumentar la transparencia de las actuaciones que se estén haciendo por parte de los funcionarios responsables, sean del país que sean, para aclarar los incidentes y las medidas que se han adoptado para impedir que se repitan, ayudara a que el ciudadano perciba que quien tiene la responsabilidad controla como debe.
Desde luego nos parece que este debate técnico debe estar en los foros adecuados, y no en los medios de comunicación, y por supuesto una vez se hayan producido las actuaciones, deberían se aceptadas por todos los que intervienen en el sector.
